La empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS), controlada por Pampa Energía y la familia Sielecki, fue la única que se presentó en la licitación nacional e internacional lanzada por Enarsa para ejecutar y financiar la ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Moreno. Esta obra estratégica, que implicará una inversión de 700 millones de dólares, buscó incrementar el transporte de gas natural desde Vaca Muerta hasta Santa Fe, con el fin de sustituir importaciones energéticas y reducir el gasto fiscal.
El proyecto fue originalmente presentado como iniciativa privada por la propia TGS a mediados de 2024. De acuerdo con fuentes especializadas del sector, la ampliación iba a sumar 14 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) a la capacidad actual del gasoducto, lo cual representó un paso decisivo hacia el fortalecimiento del sistema energético argentino.
Una obra clave para la seguridad energética del país
El Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (anteriormente llamado “Néstor Kirchner”) conecta los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta con San Jerónimo Sur (Santa Fe), pasando por Salliqueló en Buenos Aires. Se proyectó que esta ampliación entraría en operación en un plazo aproximado de dos años, consolidándose como la primera gran inversión privada en infraestructura de gas en el país.

Durante la licitación, TGS presentó una oferta en dos sobres: uno técnico, que abordó aspectos de construcción, operación y mantenimiento, y otro económico, acompañado de una garantía de 5 millones de dólares, conforme a lo requerido por el pliego oficial.
A diferencia de otros proyectos energéticos, la financiación de esta obra no incluyó fondos públicos. El modelo propuso mecanismos como prepago de contratos o reserva de capacidad, asegurando el recupero del capital invertido por la empresa.
Beneficios esperados: ahorro fiscal, exportaciones y cobertura energética
Con la ampliación, se buscó garantizar el abastecimiento de gas por más de 100 días al año sin depender de importaciones de GNL o gasoil, lo que representaría un importante ahorro de divisas para el país. A su vez, se abriría la posibilidad de exportar gas natural a países vecinos, mejorando la balanza comercial del sector energético.
La primera etapa del proyecto abarcó el tramo Tratayén – Salliqueló, bajo el régimen de iniciativa privada contemplado en la Ley de Hidrocarburos. Esta fase permitiría elevar la capacidad de transporte de 21 a 35 MMm³/d, un aumento significativo para maximizar el potencial productivo de Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios de gas no convencional del mundo.
Ampliación del sistema regulado y conexión con el GBA
El plan también incluyó una segunda fase, a ser ejecutada por TGS dentro de su licencia regulada, que facilitaría el envío del gas incremental hacia el Gran Buenos Aires. Desde allí, se transferiría al sistema operado por TGN, con destino final en San Jerónimo sur, nodo estratégico para la distribución energética del Litoral y el noreste argentino.
Participación privada sin impacto fiscal
Especialistas del sector energético valoraron positivamente la iniciativa, ya que introdujo participación privada en infraestructura crítica sin comprometer recursos del Estado. Además, se proyectó que la obra dinamizaría el mercado del gas y contribuiría a una matriz energética más eficiente y autosuficiente.
Finalmente, aunque la adjudicación quedó sujeta a evaluación técnica y económica por parte de Enarsa, al haber un solo oferente, todo apuntaba a que la propuesta de TGS sería aprobada, dando inicio a una de las obras más relevantes para el futuro energético de Argentina.





